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Las provincias gastan $34 millones anuales por cada legislador propio y superan al gasto de España

La Legislatura bonaerense es la que tiene más bancas, pero proporcionalmente eroga menos presupuesto que otras por cada legislador.

En tiempos de rojo fiscal, algunos sectores advierten que el gasto público puede reducirse revisando el “costo de la política”. Una de esas dimensiones es el presupuesto de las Legislaturas locales. Según un informe de una entidad privada, las provincias destinan en promedio $34,2 millones anuales por cada una de sus bancas, mientras que el gasto para sostener las estructuras parlamentarias de todo el país se calcula en $41.008,5 millones.

Las conclusiones fueron elaboradas por la “Fundación Libertad”, un think tank de pensamiento liberal que impulsa el desarrollo de políticas públicas afines con la economía de mercado.

De acuerdo al relevamiento, Tucumán es la provincia que más fondos públicos destina por legislador, con un esfuerzo de $85,7 millones anuales. Le siguen Chaco, con $71 millones, y la Ciudad de Buenos Aires, con $69,9 millones.

En el otro extremo, Santiago del Estero y San Luis son las provincias que menos dinero dedican a ese fin, con desembolsos de $3,8 y 5,1 millones anuales por cada legislador, respectivamente.

El informe fue realizado en base a las partidas destinadas al Poder Legislativo, según el conjunto de los presupuestos provinciales de 2019. El cálculo se desprende de ese número en relación a la cantidad de legisladores, tanto diputados como senadores, que tiene cada una de las 24 jurisdicciones del país.

Desigualdades políticas en el país federal

Los números evidencian grandes disparidades entre provincias. Un legislador tucumano cuesta casi 6 veces más que un legislador jujeño, una diferencia llamativa si se observa que ambas provincias manejan una cantidad similar de legisladores.

Costo anual de cada legislador
Infogram

Otro contraste, destaca el reporte, aparece entre las provincias de Catamarca y San Luis. La primera “casi quintuplica” el gasto por legislador de la segunda. Una mayor desigualdad se da entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, cuyos gastos por legislador son de $71 y $3,8 millones respectivamente, es decir que el costo de la política legislativa en la provincia chaqueña es 18,6 veces el de la santiagueña.

En comparación con 2018, las provincias que más incrementaron su gasto legislativo fueron Neuquén (64,5%), Chaco (63,6%) y Tucumán (58%). Las que menos aumentaron sus recursos públicos para el funcionamiento de este concepto son Mendoza (10,8%), Santiago del Estero (16,9%) y Misiones (19,8%).

Caso aparte es el de Formosa, que tuvo un ajuste negativo en esa partida que alcanzó el 17,1 por ciento.

Para entender la dimensión de las cifras, el presupuesto dedicado al Poder Legislativo en las provincias representa en promedio el 1,54% del total de gastos. Sin embargo, las tres jurisdicciones que exhiben una mayor participación son Tucumán (4,3%), Catamarca (2,8%) y Chaco (2,7%). Aunque son proporciones que parezcan “poco significativas”, el número tiene su peso en el erario público. Por ejemplo, en Tucumán, el rubro de “gastos de capital” es equivalente al 81% de los recursos legislativos.

Otro caso es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un presupuesto asignado al Poder Legislativo de $4.195 millones. Ese monto iguala el 70% de lo destinado al Ministerio de Economía y Finanzas ($6.031 millones), al 67% de lo asignado al Ministerio de Cultura ($6.259 millones) y al 30% de lo proyectado para el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano ($14.119 millones).

En general, la mayor parte del presupuesto legislativo se destina a gastos de personal (78% promedio, a nivel país). Además del sueldo de los legisladores, se incluyen los salarios de toda la estructura que funciona en torno a la dirigencia política: secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios.

Presupuesto legislativo
Infogram

España, más austera en sus legislaturas locales

Para contrastar, el análisis de la Fundación Libertad comparó el gasto de las Legislaturas argentinas con el de las comunidades autonómicas de España. “La comparación con España puede resultar de utilidad ya que posee una población y una estructura legislativa similar a la de nuestro país”, advierte el relevamiento.

El informe concluye que, en base a los Presupuestos 2019 de los parlamentos ibéricos locales, el Estado gasta €301.357 por cada legislador. De acuerdo al tipo de cambio oficial actual, el esfuerzo fiscal español “equivale a $18,8 millones, valor que resulta considerablemente inferior a los $34,2 millones de la Argentina”.

En forma puntual, el costo en nuestro país resulta 1,8 veces el español”, resalta el think tank. Incluso, si se tiene en cuenta una cotización anterior a la fuerte devaluación de agosto pasado -por ejemplo, la del 31 de diciembre 2018 cuando la mayoría de los presupuestos provinciales estaban aprobados-, el gasto por legislador del país europeo alcanza los $13 millones, lo que alcanzaría un equivalente de 2,6 veces en comparación con los recursos argentinos.

En concreto, si se contrasta la provincia de Tucumán con la de Murcia, que comparten una composición de legislaturas similar, el gasto que representa un parlamentario provincial es cinco veces mayor al de su par español. Otro caso es el de la provincia de Buenos Aires y la Comunidad de Madrid, donde la primera más que cuadruplica a la segunda, con gastos de $64,5 y $15,1 millones respectivamente. Por último, entre Chaco y Cantabria, la jurisdicción argentina gasta 5,1 veces más que la española, con $71 y $13,8 millones respectivamente.

“Los datos anteriores ponen de manifiesto el elevado costo de las legislaturas provinciales -más aún cuando se efectúa una comparación internacional – y las significativas diferencias entre provincias. A la vez, la participación del gasto en el Poder Legislativo dentro de los presupuestos provinciales, adquiere relevancia cuando se lo contrasta con otras erogaciones de las provincias, ya sean en materia de producción, desarrollo social u obra pública y cuando se percibe que los legisladores presentan proyectos que no tienden a resolver las innumerables problemáticas que aquejan a nuestra sociedad”, concluyó la Fundación Libertad.

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