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Todas las maniobras de Evo Morales para no cumplir con su Constitución: ¿cumplirá ahora?

Evo Morales, presidente de Bolvia desde 2006.

La llegada al poder de Evo Morales en 2006 fue un hecho histórico. Por primera vez, Bolivia tenía un presidente indígena como el 60 % de su población. Cargado de la épica y el simbolismo de la hora, el líder cocalero le dio un tinte refundacional a su gobierno.

Según todos los indicadores económicos y sociales, la gestión de Morales fue un éxito. Sostenido en la nacionalización temprana de los hidrocarburos, el PBI creció sin descanso a un promedio de 4,9% anual durante 13 años, la pobreza se redujo del 60 al 35%, mejoró la distribución del ingreso y se redujo el analfabetismo. Llevó adelante una mezcla de políticas ortodoxas y heterodoxas con tanto consenso que su gestión no sólo fue celebrada por las fuerzas de izquierda y progresistas del continente sino que fue elogiada más de una vez por el Banco Mundial y hasta el FMI.

Pero a la par del boom económico del país más pobre de Sudámerica, se fue consolidando el sesgo totalitario que suele acompañar a los líderes que en algún momento se sienten la encarnación última de la Patria.

Uno de los primero hitos de Morales fue la reforma de Constitución. La nueva carta magna otorgó una cantidad de derechos y representación inédita en el sistema de poder a los campesinos e indígenas bolivianos. También brindaba la posibilidad de una sola reelección consecutiva para el Presidente, que Morales logró en forma contundente en 2009 con el 64% de los votos.

Morales comenzó entonces a sentirse todopoderoso. Invencible. Y forzó entonces la primera triquiñuela. Hizo una presentación ante el Tribunal Constitucional y en 2013 logró que ese segundo mandato pasara a considerarse el primero desde que la nueva Constitución había refundado a Bolivia como un nuevo “Estado Plurinacional”.

Así, en 2014, Morales pudo presentarse entonces para re-reelegirse para un tercer mandato (el segundo con la nueva Constitución) y logró otro triunfo contundente con el 63%, antes una oposición dispersa.

Parecía que Morales ingresaba, ahora sí, a su último período constitucional con un desafío inédito en su carrera: apoyar a un delfín para su sucesión, algo que no había hecho ni en la Federación Especial del Trópico de campesinos productores de coca, que preside initerrumpidamente desde 1991.

Decidió que tampoco lo haría como Presidente de Bolivia.

Convocó entonces a un referendum nacional para modificar el artículo 168 de la Constitución y habilitar una nueva re-reelección. El 21 de febrero de 2016, el 51,3% de los bolivianos votó “No”. ¿Asunto concluido? No. Tras una presentación de legisladores oficialistas, en 2017 el Tribunal Constitucional (en manos de jueces afines a Morales) declaró inválido el artículo de la Constitución que impedía presentarse a Morales alegando que vulneraba los derechos humanos de todo persona de elegir y ser electo.

Con ese desgaste político y con la economía comenzando a mostrar algunos signos de fatiga (el déficit fiscal alcanzó el año pasado un 8,1%, el más alto de Sudamérica), llegó entonces a una elección en la que todas las encuestas previas mostraban que su popularidad se había reducido sensiblemente y que para conservar el poder tenía que mantener a la oposición dispersa y ganar en primer vuelta. Los sondeos le auguraban una derrota si había balotaje.

Los intentos de unidad opositora fracasaron. En los últimos meses de campaña, aparecieron nuevos candidatos de la nada, entre sospechas de que eran fogoneados por el oficialismo. El 20 de octubre, Morales se enfrentó a nueve fuerzas. Esa noche, el escrutinio rápido provisorio, con el 83% de las actas verificadas, le daba una ventaja a Morales de poco más de 7 puntos (45,28% a 38,16%) sobre Carlos Mesas. Había balotaje.

Miles de Bolivianos salieron a las calles en las últimas semanas para protestar por el fraude en las elecciones del 20 de octubre (REUTERS/Kai Pfaffenbach) (KAI PFAFFENBACH/)

Pero de pronto todo se detuvo. Durante casi 24 horas no hubo más datos oficiales. Cuando se volvieron a computar las mesas faltantes, la ventaja de Morales se había ampliado.

Comenzaron a surgir las denuncias de fraudes en diferentes regiones. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, renunció en desacuerdo con cómo se había llevado adelante el escrutinio provisorio. Enseguida, la misión de observación electoral de la OEA recomendaba que, ante las irregularidades detectadas, lo mejor era convocar a la segunda vuelta.

El clima se iba caldeando. Cinco días más tarde, el TSE anunció que el conteo definitivo le otorgaba a Evo Morales una ventaja de 10,57% sobre Mesa, justo por encima del umbral de 10 puntos para triunfar en primera vuelta y evitar el balotaje.

La oposición salió a las calles a clamar “fraude”. Morales desoyó las protestas, se proclamó reelecto y denunció que se había puesto en marcha un golpe de Estado. Así transcurrieron dos semanas de fuego en Bolivia. Marchas opositoras que iban creciendo en magnitud a medida que las pruebas del fraude iban apareciendo por todos lados: desde ingenieros informáticos que mostraban errores groseros en las actas hasta la propia auditoria oficial encargada por el TSE que dictaminó que los comicios habían estado “viciados de nulidad”.

Nada de esto hizo recular al Presidente. Aunque su gobierno avaló que la OEA realizara una auditoría y anunció que aceptaría sus conclusiones, Morales siguió denunciando golpismo y alentó a sus partidarios a que salieran a las calles a contrarrestar las protestas y defender su re-reelección. Los choques violentos se sucedieron. Los heridos se comenzaron a contar por centenares. Hubo al menos tres muertos, dos cerca de Santa Cruz y otro en Cochabamba, todos opositores.

Los violentos choques entre simpatizantes y opositores a Evo Morales en las calles dejaron al menos 3 muertos y centenares de heridos.
Los violentos choques entre simpatizantes y opositores a Evo Morales en las calles dejaron al menos 3 muertos y centenares de heridos. (KAI PFAFFENBACH/)

Este domingo, la OEA emitió un informe de su auditoría con conclusiones contundentes que ratifican todo lo que venían denunciando hace tiempo la oposición y observadores independientes. Habla de “falsificación de firmas y actas”, de un “proceso reñido con las buenas prácticas”, de “manipulación del sistema informático de tal magnitud que deben ser investigadas profundamente por el Estado”. Tal es el “cúmulo de irregularidades” que el equipo auditor “no puede validar los resultados de la presente elección” y recomienda otro proceso electoral con nuevas autoridades electorales.

Horas después, Morales aceptó finalmente llevar a cabo nuevos comicios, con un nuevo Tribunal Electoral.

Es inevitable preguntarse si este baño de sangre no se hubiera podido evitar si Morales aceptaba los límites que le imponía la propia Constitución que modificó durante su primer mandato; si Morales aceptaba los resultados del referendo que él mismo convocó en 2016; si Morales aceptaba, hace apenas tres semanas, que el resultado de los comicios indicaba que tenía que haber un balotaje; Si aceptaba, en definitiva, que uno de los principios de la democracia es la sujeción a las leyes, que los mandatos presidenciales tienen límites y la alternancia en el poder es sana.

Al borde del precipicio, este domingo Morales dio un volantazo, un paso que lo diferencia de Nicolás Maduro, al respetar la conclusión de la OEA y convocar a nuevos comicios que, se supone, deberían ser veedores nacionales e internacionales y un control estricto de su transparencia.

Falta un paso más. ¿Aceptará ahora sí cumplir con la Constitución de su país y no presentarse a la re-re-reelección?

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